El Ministerio de Energía y Minas (MEM) pidió hoy a la minera Doe Run Perú que flexibilice sus nuevas exigencias para poder reiniciar sus operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, ubicado en la región Junín, debido a que son complejos e involucran a otras instancias. “Hasta el momento el único que ha flexibilizado es el Estado y Doe Run no, entonces deberían equipararse los pedidos para que se logre el objetivo final del reinicio de operaciones”, dijo el viceministro de Minas, Fernando Gala. Indicó que la empresa está en una especie de contradicción al ofrecer reiniciar sus operaciones antes del 27 de julio, pero al mismo tiempo pide cuatro nuevas condiciones que son complejas y que no le corresponde resolver al MEM. Precisó que el primer punto está vinculado a la protección legal accionista que corresponte ver a los entes que fiscalizan los contratos de privatización como son Activos Mineros y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). La segunda exigencia es establecer un mecanismo para que pueda afrontar el pago de impuestos que está pendiente, que llega a 275 millones de dólares según cálculos de la empresa, y le corresponde resolver a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Mientras que el tercer pedido es precisar la normatividad vinculada a los estándares en la actividad minera, que debe resolver el Ministerio del Ambiente (Minam), declaró a CPN Radio. El cuarto punto está vinculado a corregir plazos administrativos, calificados como irreales por la empresa, para cumplir su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y que debe ser analizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Sin embargo, el viceministro dijo estar desconcertado por estos pedidos, ya que habían sido planteados anteriormente por Doe Run pero el MEM consideró que eran inviables. “Les hemos dicho que vamos a analizar estos puntos, ya hemos realizado las comunicaciones con los entes involucrados para tener una opinión porque no es un tema exclusivo del MEM”, enfatizó. El viceministro recordó que la empresa no ha cumplido con presentar la garantía a favor del Estado, que estableció el ministerio para garantizar el cumplimiento de la Ley N° 29410, con el plazo de diez meses para reiniciar sus operaciones y 20 para culminar su PAMA. “Esa garantía no se ha constituido en los plazos previstos y por tanto (Doe Run) está sujeto a una multa y la empresa ahora pide que todas esas multas se condonen de alguna manera porque los plazos no eran realistas”, dijo.

FUENTE: ANDINA